Querido lector, permíteme plantearte un acertijo de esos que harían sudar hasta al mismísimo Risto Mejide: ¿qué es legal, está en manos de fondos buitre, lo bendicen los gobiernos progresaurios y aún así consigue que miles de jóvenes sigan compartiendo piso con cucarachas y facturas impagadas? ¡Exacto, el mercado del alquiler en España!
Vivimos en una tragicomedia ibérica donde el sueño de emanciparse ya no consiste en comprarse un pisito con jardín y terraza, sino en encontrar una habitación con ventana que no dé al cuarto de contadores por menos de 600 euros en ciudades como Madrid o Barcelona. Porque sí, ahora una habitación se mide en metros cúbicos, no cuadrados, y si tiene derecho a cocina, ya es considerada lujo burgués.
El alquiler: ese campo de minas sociales
Antes los jóvenes querían salir de casa para vivir sus vidas. Ahora lo hacen para huir del síndrome de Estocolmo con sus padres, aunque el destino final sea una cueva con goteras por 750 euros al mes, sin calefacción pero con vecinos que trafican con gas de mecheros.
Y aquí entra el Gobierno del Sí es Sí… pero nunca es sí a regular los precios de forma eficaz. Porque el desGobierno de Sánchez, ese Tonto Mayor del Reino que gobierna por Zoom entre una subvención y otra a Marruecos, ha lanzado una ley de vivienda que ni protege al inquilino ni incomoda al casero, como buena chapuza parlamentaria que es. Se llenan la boca con “zonas tensionadas”, pero resulta que esas zonas son casi todas menos donde vive la casta. Qué curioso, ¿verdad?
Fondos buitre y caseros sin alma: el nuevo dúo dinámico
Ah, los fondos buitre. Esos seres carroñeros con sede en las Islas Caimán que compran bloques enteros de pisos con la misma facilidad con la que tú te compras una barra de pan (aunque esta ya cueste casi 2 euros gracias a la inflación “transitoria” del BCE). ¿Y qué hacen después? Suben el alquiler un 40%, te imponen condiciones propias de un campo de concentración laboral y si te quejas, te miran como si fueras un ocupa bolivariano.
Y ojo, que no toda la culpa es del buitre. Hay caseros patrios, esos pequeños especuladores de a pie con nombre de abuelo franquista, que consideran que su piso de 1987 con muebles de Cuéntame vale más que un loft en Berlín. “Es que está muy bien comunicado”, te dicen. Claro, por las ratas que hacen de enlace entre el baño y la cocina.
El alquiler turístico: el cáncer de las ciudades
¿Quieres alquilar en el centro? ¡Buena suerte, campeón! Lo más probable es que encuentres solo Airbnbs decorados con palets y banderines hippies por 120 euros la noche. Mientras tú lloras por no llegar a fin de mes, el casero gana más en tres fines de semana que tú en un mes trabajando 40 horas… si tienes suerte de tener contrato.
Gracias a eso, barrios históricos se han convertido en parques temáticos para influencers con iPhone, y los residentes de toda la vida han sido expulsados como si fueran gitanos en un tablao de Vox.
Y el Estado, ¿qué hace?
Lo de siempre: mira para otro lado, se hace el muerto o directamente se convierte en cómplice. Subvenciones al alquiler juvenil que no llegan, medidas fiscales que benefician más al casero que al inquilino y un sistema judicial donde tardas dos años en echar a un ocupa, pero te embargan en dos semanas si no pagas el IBI.
Y mientras tanto, la patronal inmobiliaria se ríe en nuestra cara y la ministra de vivienda sale en rueda de prensa diciendo que “España necesita más vivienda pública”, como si no lleváramos dos décadas vendiéndola al mejor postor. ¡Brillante, señora ministra! ¿Por qué no propone también más hielo para el Ártico?
En resumen…
España es ese país donde pagar 900 euros por una pocilga sin ascensor es “mercado”, pero protestar por ello es “comunismo bolivariano”. Donde se aplaude al emprendedor que vive de alquilar habitaciones como si fueran trasteros, pero se criminaliza al joven que pide que no le roben por tener que vivir en una ciudad.
Nos hemos convertido en inquilinos eternos de una estafa colectiva, un escape room sin salida donde el premio final es seguir vivo… hasta el próximo recibo del alquiler.
Gracias, desgobierno. No te merecemos.
